Los recientes procesos electorales han puesto de manifiesto un hartazgo ante las actuaciones del gobierno para resolver diversos asuntos públicos, tales como seguridad, salud, política económica y social. El mensaje ha sido claro “no podemos continuar con las prácticas que nos han gobernado en los últimos años, por lo que resulta necesario y urgente cambiar el rumbo del país”.
Para las autoridades locales, obligadas a atender los requerimientos de servicios públicos que por derecho corresponden, pero con agudas limitaciones de recursos técnicos y materiales, se ven desbordados por procesos de poblamiento. De esta manera, se gesta una geografía variada, con múltiples rezagos y carencias a lo largo y ancho del país, que cuestiona seriamente la capacidad de movernos como sociedad hacia una condición de menor desigualdad y de orientación sostenible.
La disponibilidad de recursos económicos no parece ser la esencia del problema. En los años recientes, hemos sido testigos de una política de producción de vivienda que canalizó millones de créditos con una visión estrecha y ajena a cualquier tipo de consideraciones contextuales de acceso a bienes y servicios públicos y privados, indispensables para una vida digna, que terminaron siendo abandonadas o nunca ocupadas. La contraparte más grave de esta política, ha sido la limitada atención de las necesidades de vivienda para los más pobres, quienes buscan por la vía informal terrenos desvalorizados, ya sea por razones de lejanía, de riesgo o falta de servicios.
Se han configurado así, escenarios con una alta y creciente desigualdad, escasa movilidad social, vulnerabilidad y pobreza. Paradójicamente, las ciudades han sido los espacios generadores de la mayor riqueza en el país.
Los factores antes descritos, han contribuido a generar una sociedad profundamente desigual y con reducidas expectativas para mejorar su calidad de vida, limitando la movilidad social. En este sentido, si bien las ciudades contribuyeron en algún momento a mejorar las expectativas de los migrantes del campo, dichas expectativas se han reducido, cada vez concentran la pobreza y reproducen procesos de deterioro e inseguridad.
El Congreso Nacional de Suelo Urbano busca sumar todas las voces para construir propuestas sobre el futuro de nuestro territorio y sus recursos; busca también identificar y mostrar las buenas prácticas de los gobiernos y sociedad.
El Congreso Nacional de Suelo Urbano (CNSU), como lo ha hecho en todas su ediciones, convoca a todos los sectores de gobierno, sociales, económicos y académicos a construir una propuesta para los próximos años sobre una política nacional del suelo. Este CNSU rescatará todas las voces y manifestaciones de ponentes y asistentes en un solo documento que ofrezca un posicionamiento serio y respetuoso para construir un mejor futuro de nuestro territorio.
Para alcanzar este objetivo, el Comité Organizador Permanente y el Comité Organizador Local del Sexto Congreso Nacional de Suelo Urbano:
A académicos, funcionarios públicos de todos los ámbitos de gobierno, líderes de organizaciones sociales, consultores, empresarios y todas aquellas personas interesadas en los procesos de desarrollo urbano y regional; en el papel del suelo para la conformación de las infraestructuras para el desarrollo, y en el análisis de las políticas de gestión del suelo, a dialogar y debatir sobre estos temas, así como buscar la integración de una estrategia para conformar las políticas e instrumentos que atiendan las necesidades del territorio que requieren las ciudades y regiones de México.
Mesas de trabajo
El Séptimo Congreso Nacional de Suelo Urbano se organiza en cuatro grandes ejes, correspondiendo cada uno a una mesa de debate:
Esta mesa busca contribuir a un análisis profundo sobre el diseño y aplicación de los actuales instrumentos de planificación del territorio. Cómo deben ser los futuros programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, cómo integrarlos con los ordenamientos ecológicos, cómo debe ser la actuación de los gobiernos locales para su mejor implementación. Asimismo será importante evaluar los avances y retos de la implementación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Todos estos elementos buscan fomentar la discusión y el análisis propositivo orientado a la implementación de la nueva política territorial.
Esta mesa busca hacer un profundo análisis sobre el complejo entramado de programas de gobierno para el financiamiento del desarrollo territorial desde su origen en el Presupuesto de Egresos de la Federación hasta los gobiernos locales. Asimismo, buscará nuevas fórmulas para cómo fortalecer las capacidades e instrumentos de los gobiernos locales a través del ordenamiento del territorio, tales como el registro de la propiedad, catastros, política fiscal, impuestos locales, venta de derechos de construcción, entre otros.
Esta mesa constituye un espacio de análisis y propuestas para identificar aquellos casos exitosos –y no exitosos- de cómo se vinculan las políticas sociales y económicas de los tres órdenes de gobierno en la gestión del suelo, particularmente en los temas para la construcción de vivienda de todos los segmentos –sobre todo para los más pobres-, constitución de reservas territoriales, construcción de infraestructura, proyectos prioritarios a escala nacional y local, así como rehabilitación y recualificación de zonas.
Ante los nuevos tiempos, esta mesa busca aportaciones que permitan mejorar la estrategia para el desarrollo urbano y regional, que involucre la relación de los distintos órdenes de gobierno entre sí, y con los ciudadanos y grupos; los mecanismos de coordinación interinstitucional en sus diferentes escalas y logros alcanzados que podrían continuarse ante el cambio de gobierno. Asimismo, se analizarán los diferentes marcos legales y el sistema de planeación urbana; las consecuencias de la descentralización y las capacidades de los gobiernos locales ante la nueva política territorial.
Los interesados en presentar una ponencia, deberán enviar un resumen que no exceda una cuartilla (3,200 caracteres sin espacio, letra Arial a 11 puntos, todos los márgenes a 2.5 cm) y que incluya los siguientes datos:
Los resúmenes deberán ser enviados a más tardar el 31 de octubre de 2018, al siguiente email: cnsu@igg.unam.mx No se recibirán resúmenes que no cumplan con el formato o que no respeten la fecha límite del envío. Los resultados de resúmenes para ponencia, se darán a conocer a partir del 16 de noviembre de 2018.
Las ponencias aprobadas se apegarán a las mismas normas de los resúmenes excepto por la extensión que podrá ser de hasta 20 cuartillas, incluyendo portadas y anexos: gráficos, estadísticos y cartográficos.
Las ponencias deberán ser enviadas vía electrónica a más tardar el 18 de marzo de 2019. Sólo serán incluidos en el CD del Congreso, los trabajos recibidos en tiempo y forma.
Las inscripciones y cuotas de recuperación se abrirán a partir del mes de noviembre de 2018.